Nuestro proyecto

La presente página web y el archivo de sentencias que ella contiene constituyen uno de los productos del proyecto de investigación “Prueba judicial y justicia transicional”, desarrollado en la Universidad Austral de Chile y financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT, Proyecto Nº 1151528).

El punto de partida de ese proyecto fue la constatación de que poco a poco se ha consolidado en Chile el juzgamiento por los Tribunales de Justicia de los delitos cometidos en ejecución de la política represiva de la dictadura cívico militar que se impuso con el golpe de Estado de 1973 (para saber más de esta evolución ir a la sección Los procesos penales en Chile, y para una referencia histórica más general al papel de los procesos judiciales frente a atrocidades masivas cometidas por el Estado ver la sección Juzgar el terror estatal). En esos procesos confluían las expectativas de “verdad y justicia” respecto de las desapariciones forzadas, ejecuciones, secuestros y torturas en centros clandestinos de detención que sufrieron miles de personas durante la dictadura. Para responder a ellas, una cuestión clave era que en ellos se lograra reconstruir -mediante pruebas fiables y suficientes- tanto la forma en que ocurrieron esos hechos como la identidad de quienes participaron como perpetradores, ya sea ejecutándolos directamente, ordenándolos, planeándolos, o contribuyendo a su realización.

El proyecto “Prueba judicial y justicia transicional” tuvo como un primer objetivo general estudiar esa dimensión de los procesos penales por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, analizando cómo –mediante qué testimonios, documentos, confesiones, hallazgos materiales, peritajes- fue reconstruyéndose en ellos la historia de lo ocurrido. Este aspecto fundamental de los juicios se enfrentaba a especiales dificultades derivadas del largo tiempo transcurrido y, sobre todo, de una política sistemática de ocultamiento, que se manifestó en la propia forma de ejecución de los delitos, mediante el secuestro en centros clandestinos y la desaparición forzosa (que correspondió aquí también con la desaparición del “cuerpo del delito”), y que prosiguió luego con la negación, la difusión de versiones oficiales falsas, el desmantelamiento de centros de detención y tortura, la destrucción de archivos, los “pactos de silencio” e incluso la remoción en 1979, a través de la denominada “Operación Retiro de Televisores”, de los restos de personas desaparecidas de los lugares en que habían sido clandestinamente inhumadas.

Para investigar cómo se habían establecido judicialmente los hechos y las responsabilidades involucradas en estos procesos era fundamental poder acceder a las sentencias con que ellos concluían y, especialmente, a las sentencias de primera instancia, es decir a las sentencias dictadas por los Ministros en Visita que tramitan el procedimiento, dirigiendo primero la investigación, contrastando luego los argumentos de querellantes y defensores y valorando finalmente el conjunto de pruebas (más detalles sobre el procedimiento aplicable se encuentran en la sección Los juicios penales en Chile). Estas sentencias son las más significativas desde el punto de vista de las pruebas y la determinación de los hechos ocurridos, más que las sentencias de segunda instancia, dictadas por las Cortes de Apelaciones o que las sentencias de casación dictadas por la Corte Suprema que, si bien pueden revocar o modificar lo resuelto, revisando aspectos específicos sobre de los que hayan presentado recursos las partes, no realizan, en general, un examen completo de las pruebas.

Sin embargo, acceder a esas sentencias resulta en general muy difícil. Si bien existen algunos archivos parciales de sentencias (como el que se encuentra en la página web del Museo de la Memoria: http://interactivos.museodelamemoria.cl/justicia/), ellos se centran en las sentencias de la Corte Suprema y no comprenden todas las causas. Tampoco el Poder Judicial ni el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (que estaba anteriormente adscrito al Ministerio del Interior) parecen tener una base de datos completa, tanto así que incluso resulta arduo determinar con exactitud un listado tanto de las causas concluidas como de las abiertas. Algo semejante ocurre con los expedientes judiciales, que son los legajos de varios volúmenes que constituyen la representación material del proceso judicial, en los que van agregándose todos los documentos que dan cuenta de las actuaciones del tribunal y de las partes, así como de las diligencias de investigación y de las pruebas. Acceder a ellos es también extraordinariamente difícil, aunque afortunadamente en este caso el Poder Judicial ha advertido la importancia de conservar y facilitar la consulta de esos materiales de tanta riqueza y relevancia púbica y actualmente está desarrollando un proceso de digitalización en el marco del proyecto Memoria Histórica Digital del Poder Judicial.

La constatación de esta dificultad en el acceso a las sentencias y a los expedientes que dan cuenta de los procesos penales por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la dictadura resultaba significativa no sólo como obstáculo inicial al desarrollo de la investigación sobre la prueba de esos delitos, sino también como un dato relevante respecto de un segundo objetivo general del proyecto. Este segundo objetivo se proponía reflexionar sobre el modo en que los procesos judiciales pueden incidir en la deliberación pública sobre el pasado y en la construcción de una memoria colectiva (una explicación más completa de esta dimensión de la investigación se puede ver en la sección Procesos judiciales y memoria).

Dado que estos procesos se tramitan en Chile en forma escrita, sin un juicio oral y público, en el que las pruebas, los argumentos, las conclusiones sobre los hechos probados y las condenas puedan ser observados directamente por los ciudadanos, las sentencias constituyen el documento público fundamental para que ellos puedan aproximarse a las historias que esos procesos han comprobado y al conjunto de testimonios, documentos y otras evidencias en que esa comprobación se funda.

Ese es precisamente el objeto de la base de datos que ponemos a disposición pública en esta página (y que se puede consultar, a través de un motor de búsqueda, en la sección Sentencias). Ella se acompaña de las informaciones de contexto que ya se han mencionado y, además, de un primer ejercicio de mediación para facilitar la lectura de esos documentos a través de una muestra de relatos que narran, en un lenguaje accesible, qué hechos se tuvieron por probados en cada caso y sobre la base de qué pruebas (disponibles en la sección Relatos).

En esta base de datos se encuentran todas las causas penales concluidas por sentencia firme, respecto de las cuales ya no proceden recursos adicionales (no se incluyen por consiguiente las causas civiles de indemnización de perjuicios, que en algunos casos se han tramitado separadamente). Respecto de cada causa es posible a acceder a la sentencia de primera instancia, la sentencia de apelación y la sentencia dictada por la Corte Suprema si se recurrió de casación. No obstante, cabe aclarar aquí, este archivo de sentencias se elaboró en base a la lista de causas que logramos reconstruir a la fecha, sin completa certeza de que ésta sea exhaustiva.

Completar este archivo ha sido el resultado de largos esfuerzos e insistencias ante diversas instituciones pública. Fue fundamental haber podido contar como punto de partida con el archivo y la información sobre las causas con que contaba el Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, que desde un comienzo colaboró generosamente con el proyecto (ver sección Equipo). Luego, para seguir avanzando, fue fundamental la buena voluntad y disposición de algunas personas a quienes quisiéramos agradecer su colaboración. En primer lugar, el Ministro de la Corte Suprema don Sergio Muñoz Gajardo, quien fue durante los años 2014 y 2015 Presidente del máximo tribunal y asumió, además, entre 2015 y 2018 la coordinación nacional de las causas de derechos humanos. También con gran paciencia colaboraron en el acceso a sentencias y expedientes doña Gloria Jacome, histórica Secretaria abogada del Ministro Muñoz, junto a doña Claudia Cáceres, responsable de la implementación del proyecto Memoria Histórica Digital del Poder Judicial, y doña Sandra Stuardo, de la Oficina de Coordinación de Derechos Humanos de la Corte Suprema. En la recta final, varios abogados de derechos humanos, compartieron también sus archivos personales. Nuestra gratitud, especialmente, a Francisco Ugás, Paulina Zamorano, Joaquín Perera y Hiram Villagra.

A pesar de esos esfuerzos y apoyos hay todavía algunas sentencias, muy pocas afortunadamente, que no ha sido posible obtener. En la base de sentencias esta circunstancia se advierte cuando se ingresa a la causa respectiva.

Sigue en pie, para nosotros, el desafío de completar este archivo y mantenerlo actualizado.

 

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