Relato basado en la sentencia de primera instancia dictada por el Ministro de Fuero Jorge Zepeda, confirmada con modificaciones por la Corte Suprema en 2007

Caso Puente Loncomilla

(Víctimas: Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez, Cesáreo Del Carmen Soto González y Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez).

Las pruebas presentadas en este proceso dieron por probado que una vez que se produce el golpe de estado militar, el día 11 de septiembre de 1973, al Capitán del Ejército, Claudio Abdón Lecaros Carrasco, se le confiere, por parte de sus superiores, la autoridad de la Gobernación Civil de la ciudad de San Javier. De este modo, y en el ejercicio de ese mando, éste dio orden a Carabineros de detener a algunos campesinos del sector de El Melozal debido a su supuesta vinculación ideológica con el recién destituido gobierno. El objetivo de esta acción era producir un hecho grave que atemorizara al resto de la población civil, y, al mismo tiempo, evitar de esa forma cualquier peligro de resistencia en contra del nuevo gobierno. Es así que Carabineros del retén de El Melozal, les comunican a los lugareños dicha orden. De esta manera, el día sábado 15 de septiembre de 1973, los requeridos, sabiéndose inocentes de cualquier hecho y ante testigos, se presentaron voluntariamente en el mencionado Retén de Carabineros. Tras ello, quedaron detenidos en éste Cesario del Carmen Soto González (según el testimonio de la cónyuge, de 70 años de edad al momento de su detención) [el Informe de la Comisión, basado en el testimonio de la cónyuge de la víctima dice que tenía 70 años, mientras que los hechos probados dicen 60. El certificado de nacimiento de la víctima dice que nació en 1907, por lo tanto, en el año 1973 Soto González tenía 66 años], campesino de la zona de El Melozal; Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez (de 45 años de edad), comerciante en feria de animales de la zona; y Rubén Acevedo Gutiérrez, (de 22 años de edad), obrero agrícola de ese lugar. Estas tres personas quedaron detenidas en dicho recinto de Carabineros sin que existiera orden de detención o prisión legal para ello.

Un poco más tarde, en horas de la noche, estos tres infortunados [sic] campesinos fueron retirados desde el Retén de Carabineros de El Melozal, por personal de Ejército, comandado por el Sub Oficial José Basilio Muñoz Pozo, quien cumplía la orden de su superior. Se trataba de una patrulla militar que se desplazaba en tres “Jeeps” en los cuales trasladaron a las víctimas a 16 km del Retén, esto es, al sector del puente «Loncomilla” que cruza el río del mismo nombre. Una vez allí, los militares los hicieron bajar de los vehículos y, “no obstante la posición de garantes que los agentes del Estado tenían respecto de los desgraciados”, se les disparó tras la orden dada por Muñoz Pozo. De este modo, estas tres personas desparecen esa noche, lográndose con posterioridad rescatar desde el cauce del río Loncomilla solamente los cuerpos sin vida de Cesario del Carmen Soto González y del joven Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez, “quienes presentaban heridas múltiples de bala”. En tanto, “el cuerpo de Vidal Riquelme Ibáñez nunca fue encontrado” Así lo consigna el relato de hechos probados de la sentencia de primera instancia.

El primer acusado en esta causa fue el mencionado Capitán de Ejército, Claudio Lecaros Carrasco, quien fue condenado como “autor conforme al artículo 15 del Código Penal”, si bien no se expresa en qué modalidad [la sentencia no explicita a qué numeral del artículo 15 del Código Penas se ajusta la conducta de este acusado (autor directo o mediato, por ejemplo). En relación a los delitos que se les imputa, la sentencia de primera instancia condena a Lecaros como autor de los delitos de secuestro calificado de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez; de homicidio calificado en la persona de Cesáreo del Carmen Soto González; y de homicidio calificado en la persona de Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez.]. En relación a Lecaros Carrasco, la información contenida en la sentencia permitió establecer que en su calidad de autoridad de la Gobernación de San Javier tras el golpe militar, dio efectivamente orden a Carabineros de detener a Vidal Riquelme, Cesáreo Soto y Rubén Acevedo, todos campesinos del sector de El Melozal; debido a la supuesta vinculación ideológica de todos ellos con el gobierno de Allende. De este modo, y tal como ya se ha relatado más arriba, los campesinos son detenidos en el Retén de El Melozal, por la noche retirados de allí por personal del Ejército comandado por el Sub Oficial José Basilio Muñoz Pozo -que cumplía la orden de su superior, Capitán Claudio Lacaros Carrasco- y llevados al Puente Loncomilla en donde les disparan a los tres.

El tribunal ha considerado en su caso los siguientes elementos para tener por probada su participación: por un lado, las imputaciones que le hace José Basilio Muñoz Pozo (co-acusado), quien en su declaración señala que efectivamente el “señor gobernador don Claudio Lecaros Carrasco se encontraba a cargo de la Comisaría de Carabineros de San Javier”, afirmando allí que “la orden de dar muerte a los detenidos fue emanada del capitán Claudio Lecaros, quien le dijo que se trataba de personas peligrosas que perpetraban actos terroristas y que representaban un peligro para la patria, por lo que tenían que ser eliminadas”. Por otro, las imputaciones que le hace Omar Antonio Mella Lillo (co-acusado), toda vez que afirma recordar perfectamente que recibió la orden de Lecaros, en forma telefónica, “la que consistía en la citación de Vidal Riquelme, Cesareo Soto y Rubén Acevedo, con el propósito de ser entrevistados por personal militar”.

El segundo acusado en esta causa es, precisamente, el Sargento 1° del Ejército, José Basilio Muñoz Pozo, quien lideraba la patrulla militar que retiró a las víctimas del mencionado retén y quien, además, dio la orden de disparar en contra de los tres campesinos dándoles muerte en el Puente Loncomilla. En relación a su participación, el tribunal señala que la declaración anterior del acusado Muñoz Pozo es constitutiva de un reconocimiento de responsabilidad de hechos propios, confesando su participación en calidad de autor de los hechos punibles. En este sentido, en su declaración el acusado reconoce que, trasladando a los detenidos y, aprovechando la oscuridad de la noche, ordenó detener a las patrullas, hicieron descender a los detenidos, se les puso de pie y personalmente les hizo presente que “se había recibido una orden superior que ordenaba su eliminación por constituir su vida un peligro para la seguridad del Estado”. Luego, “instalados de pie y a unos quince metros se apostaron el resto de los funcionarios que lo acompañaban y a la voz de fuego que impartió, todos dispararon, cayendo desplomados los cuerpos de los detenidos al suelo”. Luego ordenó subir los cuerpos a las camionetas y en el Puente Loncomilla fueron arrojados al río. Más tarde se informaría que ellos hablan sido eliminados al intentar huir desde la patrulla militar en que se movilizaban, aplicándoseles la ley de fuga.

El tercer y último acusado en este caso, fue el Suboficial Mayor del Ejército, Omar Antonio Mella Lillo, quien sería absuelto, toda vez que el tribunal consideró que “si bien se halla claramente establecido que éste sí actuó vinculado con los otros dos autores de los delitos respecto a la detención de los ofendidos, no existe prueba suficiente que determine más allá de toda duda razonable, que su actuar se halle vinculado a las infracciones penales concretas ideadas por los responsables [se refiere a los hechos probados en relación con los demás acusados, entendiéndose que Mella no tuvo responsabilidad en la orden dada por Lecaros y ejecutada por Muñoz Pozo], teniendo en cuenta para ello las circunstancias y modalidades de cómo se cometieron los hechos punibles, en especial, en cuanto éstos se califican como delitos de lesa humanidad”. Es decir, que no hubo pruebas suficientes para concluir que Mella Lillo sabía que colaboraba conjuntamente con los otros dos acusados en la realización de los delitos y que la sola acción de haber cumplido la orden del Capitán Lecaros Carrasco de detener a las tres víctimas y luego hacer entrega de éstas al tercer acusado, Suboficial Muñoz Pozo, nos son suficientes para establecer su participación; los que determinó la absolución de la acusación en su contra en esta causa.

De este modo, la sentencia de primera instancia fue una condena de tipo mixta; la cual condenó a Claudio Lecaros Carrasco y José Muñoz Pozo; y absolvió a Omar Mella Lillo.

El tribunal tuvo como acreditados los hechos aquí relatados en consideración a varias pruebas. Entre ellas, la fotocopia del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el cual refiere a este episodio con la misma información sobre los sucesos del 15.9.1973 que aquí hemos relatado [salvo el hecho de que en dicho informe, Cesáreo del Carmen Soto González figura con la edad de 60 años, y no 70, como en el relatos de los hechos probados]. Es decir, que las tres vícitimas se presentaron voluntariamente en el retén y que quedaron allí detenidos. Los antecedentes recabados por la Comisión permiten presumir que “estas personas fueron llevadas por sus captores al puente sobre el río Loncomilla, lugar donde se les ejecutó, lanzándose al cauce sus cuerpos, siendo, en consecuencia, objeto de grave violación de sus derechos humanos por responsabilidad de agentes del Estado”.

Una segunda prueba relevante en este sentido la constituye el Oficio del Arzobispado de Santiago, Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, consistente en la declaración de Rosa Hayde Norambuena Sepúlveda, conviviente de Vidal Riquelme Ibáñez. Rosa Norambuena declara allí que el día 15 de septiembre de 1973, estando en su casa con su hijo, llegaron dos carabineros en un jeep blanco quienes preguntaron si se encontraba Vidal Riquelme. Agrega que su conviviente llegó hasta la casa alrededor de las 18.45 hrs. y que cuando le contaron de la visita de Carabineros mostró extrañeza puesto que no tenía ninguna relación con la política. Acto seguido se dirigió inmediatamente hasta el retén acompañado de su amigo Alonso Campos Morales, quien llegó al otro día a la casa de la declarante, informándole que Vidal Riquelme había quedado detenido la noche anterior en el Retén y que lo habían trasladado a Linares. El relato de Rosa Norambuena ante la Vicaría de la Solidaridad agrega que al día siguiente de la detención, el domingo 16 de septiembre, escuchó a través de la Radio Centenario de San Javier que varios detenidos habían sido muertos en el Puente Loncomilla al intentar escapar de la patrulla que los custodiaba. Entre dichos ejecutados se encontraba Vidal Riquelme, Cesáreo Soto y Rubén Acevedo. En días posteriores, ella misma, junto al hermano de Vidal conocido como Tato Riquelme Ibáñez y otras personas más, comenzó a buscarlo por los lechos del río sin éxito “pese a los múltiples esfuerzos que desplegaron para encontrarlo”.

Del mismo modo, la Declaración ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de María Gertrudis Soto Sepúlveda, cónyuge de Césareo Soto, constituyó un importante elemento de prueba para el tribunal. Allí, María Soto Sepúlveda declara que, el año 1973, sin recordar fecha exacta, fueron a su casa dos carabineros a buscar a su marido, llevándoselo al retén cercano a su domicilio. Señala que, posteriormente, “un militar le dijo que a su marido lo habían matado por haberse levantado contra los militares y que lo habían lanzado al río en el puente Loncomilla”. Lo mismo relata la testigo en una declaración judicial, en donde añade que desconoce las causas por las cuales se llevaron detenido a su marido, el cual tenia 60 años en esa época. Ante el tribunal se presentó también como elemento de prueba un certificado de defunción de Soto González, documento con número de inscripción 245 año 1973, y en donde consta la fecha de nacimiento de la víctima como el 1 de enero de 1907, fecha de defunción el 15 de septiembre de 1973 a las 21.00 hrs., y como lugar del deceso el Río Loncomilla. Pro último, el citado certificado establece como causa de muerte “herida a bala transfixiante — torácica — homicidio”.

En relación a la víctima Vidal Riquelme Ibáñez y la desaparición de su cuerpo, el tribunal consideró como elementos de prueba dos declaraciones. La primera, la de su hermano, Abraham Riquelme Ibáñez, ante la Comisión de Verdad y Reconciliación, quien señala que a raíz de la desaparición de su hermano en septiembre de 1973, solicitó al Capitán de San Javier permiso para buscar a Vidal en el río Loncomilla. El Capitán les dijo que si encontraban otros cadáveres los dejaran en ese lugar. Añade que contrataron buzos de Constitución, los que iniciaron la búsqueda cerca del puente del río Loncomilla, “encontrando otros cinco cuerpos con heridas de bala que no correspondían a los tres detenidos de Melozal, dejándolos ir por el río”. Existe una segunda declaración de igual contenido, realizada por otro hermano de la víctima, Santiago Serafín Riquelme Ibáñez. También consta en el proceso el testimonio de Luis Vidal Riquelme Norambuena, hijo de Vidal Riquelme Ibáñez, quien señala que en la época en que su padre fue asesinado él tenía cinco años de edad, enterándose de los hechos a partir de lo relatado por su madre. Este testigo, el hijo, interpuso querella por la detención y desaparición de su padre, el día 16 de septiembre de 1973. Por útlimo, en el caso de esta víctima el tribunal consideró como elemento de prueba el Oficio del 11 de noviembre de 1994 del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el que se señala que Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez, C.I 2.717.283-0, “no registra defunción en la base de datos”.

En relación a la vícitima Rubén Acevedo Gutiérrez, el tribunal consideró como elemento de prueba la declaración de sus padres, César Acevedo Acevedo y Arga Rosa Gutiérrez Paiva, quienes señalaron que el día 15 de septiembre en la noche llegó a su domicilio un Carabinero diciendo que su hijo debía acompañarlos al retén a hacer una declaración ya que había llegado una orden de San Javier para que declarara. De esta forma, “Rubén quedó detenido y esa misma noche llegaron tres vehículos al Retén llevándose a su hijo junto a Cesario Soto y otra persona de apellido Vidal”. Posteriormente se enteraron de que los tres estaban muertos, porque habían intentado rebelarse contra los militares. Finalmente, “se dirigieron al puente Loncomilla, sobre el río del mismo nombre, donde encontraron el cadáver de su hijo con tres agujeros de balas y un tajo en la pierna”.

Otro elemento de prueba de su muerte lo constituye el Oficio del sacerdote René Vio Valdivieso, el que informa que, “en el libro de defunciones de la parroquia del Niño Jesús de Villa Alegre, propietaria del cementerio parroquial de esa ciudad, se halla inscrita la sepultación de Rubén Acevedo Gutiérrez, con fecha 22 de septiembre de 1973; habiendo fallecido el señor Acevedo el 16 de septiembre de 1973”. Asimismo, existe un certificado de defunción de Acevedo Gutiérrez, de inscripción 233, año 1973. En este documento consta que éste nació el 11 de agosto de 1951 y que la fecha de su defunción fue el 16 de septiembre de 1973, a las 1.00 hrs. en San Javier, Puente Nuevo, siendo la causa de la muerte: “rotura viscerales múltiples, herida a bala: homicidio”.

En este mismo sentido, y en relación a la muerte de Cesario Soto, otro elemento de prueba es la declaración de Fidel Antonio Villalobos Yáñez, quien expresa que, a fines de septiembre de 1973 su patrón, Feliciano Abraham, le pidió que fuera desde San Javier hasta el puente Loncomilla porque un empleado suyo de nombre Cesario Soto estaba desaparecido y los dolientes le hablan avisado que éste se encontraría en el río Loncomilla. Cuenta este testigo que en una primera búsqueda no encontraron nada, pero que al mandar a buscar a Constitución hombres ranas para rastrear el rio, encontraron finalmente el cadáver de Cesáreo Soto casi al llegar hasta las juntas del río Maule.

La sentencia de  apelación confirmó la de primera instancia, pero con modificaciones. En lo penal, “se introducen cambios en la determinación de las penas al considerar la Corte de Apelaciones que, siendo los encausados responsables de figuras penales que por su naturaleza no pueden considerarse como un solo delito, procede, de conformidad a lo establecido en el artículo 509 inciso 2º del Código de Procedimiento Penal, aplicarles una sola pena, la cual debe corresponder a la asignada al delito que considerado aisladamente y con las circunstancias del caso resulte más grave, aumentada en un grado”.

Asimismo, la sentencia de apelación hizo cambios en los hechos que se tuvieron por probados. Es así como reemplaza el párrafo 5° del considerando 3° del fallo de primera instancia en relación con los hechos probados por el que sigue: “Luego, en horas de la noche, fueron retirados desde el Retén de Carabineros de El Melozal, por personal de ejército, comandado por un suboficial, el que cumplía órdenes de su superior, para luego trasladarlos hasta el sector del puente Loncomilla, donde se les disparó”. Señala, además, que en el párrafo sexto de su considerando tercero se reemplaza la forma verbal “desaparecen” por la frase “fueron muertas”.

Finalmente, la sentencia de la Corte Suprema confirma con modificaciones en lo penal la sentencia inicial. El acusado Claudio Lecaros Carrasco fue absuelto al acogerse la excepción de prescripción. No obstante ello, se confirma la sentencia de apelación que condenó al acusado José Basilio Muñoz Pozo a la pena única de 5 años de presidio menor en su grado máximo, en su calidad de autor de los delitos de secuestro calificado de Vidal del Carmen Riquelme Ibáñez, a contar desde el 15 de septiembre de 1973; de homicidio calificado en la persona de Cesáreo del Carmen Soto González ocurrido en el sector del puente sobre el río Loncomilla, el 15 de septiembre de 1973 y de homicidio calificado en la persona de Rubén Antonio Acevedo Gutiérrez, cometido en el sector del puente sobre el río Loncomilla, el 15 de septiembre de 1973.

Como ya se ha mencionado, durante le proceso fueron absueltos los acusados Claudio Abdón Lecaros Carrasco y Omar Antonio Mella Lillo.