Relato basado en la sentencia de primera instancia dictada por el Ministro de fuero Alejandro Solís, confirmada con modificaciones por la Corte Suprema en 2008.

Episodio Liquiñe

(Víctimas: Salvador Álamos Rubilar, José Héctor Bórquez Levicán, Daniel Antonio Castro López, Carlos Alberto Cayumán Cayumán, Mauricio Segundo Curiñanco Reyes, Carlos Figueroa Zapata, Isaías José Fuentealba Calderón, Luis Armando Lagos Torres, Ernesto Juan Reinante Raipán, Modesto Juan Reinante Raipán y Luis Alfredo Rivera Catricheo.)

El 10 de octubre de 1973 en la localidad de Liquiñe fueron detenidos y privados de libertad por personal de Carabineros y del Ejército, al margen de todo proceso, a diferentes horas del día y de la noche, Salvador Alamos Rubilar (45 años de edad, militante del Partido Socialista), Daniel Antonio Castro López (68 años de edad, militante del Partido Socialista), Mauricio Segundo Curiñanco Reyes (38 años de edad, dirigente local del Partido Socialista) e Isaías José Fuentealba Calderón (29 años de edad, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli). Los uniformados llegaron desde Valdivia a la zona y portaban una lista con los nombres de los detenidos, movilizándose en: un vehículo particular, una camioneta del Servicio Agrícola y Ganadero, un vehículo policial y en la ambulancia del Retén de Liquiñe. Desde entonces, se perdió todo rastro de ellos, sin que ninguno de los detenidos haya tomado contacto con sus familiares, ni haya realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado. Tampoco se registran entradas o salidas del país, así como tampoco constan sus defunciones.

Del mismo modo, el mismo día 10 de octubre de 1973, del mismo modo que el grupo anterior, pero esta vez en la localidad de Trafún, fueron secuestrados José Héctor Bórquez Levicán (30 años de edad, obrero maderero y administrativo del Conjunto Maderero y Forestal Panguipulli), Carlos Alberto Cayumán Cayumán (31 años, obrero maderero en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli), Ernesto Reinante Raipán (29 años, obrero maderero en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli y Modesto Juan Reinante Raipán (18 años, obrero maderero en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli). También el secuestro fue llevado a cabo por personal de Carabineros y del Ejército llegado desde Valdivia a la zona, en los mismos vehículos. Desde entonces, se pierde todo rastro de ellos de la misma manera que con el grupo anterior.

Un tercer grupo de detenidos y secuestrados en la zona, fue el de Carlos Figueroa Zapata (46 años de edad, obrero maderero en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli) y Luis Alfredo Rivera Catricheo (54 años, obrero del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli), también el día 10 de octubre de 1973 y por personal de Carabineros y del Ejército apostado en la zona. Los uniformados portaban una lista con los nombres de los detenidos y se movilizaban en los mismos vehículos descritos antes. Del mismo modo, a partir de ese momento se pierde todo rastro de ellos en iguales circunstancias que las anteriormente mencionadas.

Un cuarto evento de este mismo episodio lo constituye el secuestro de Luis Armando Lagos Torres (50 años de edad, obrero maderero en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, militante socialista), ocurrido también el 10 de octubre de 1973, a las 20 hrs, aproximadamente. La víctima fue detenida en la localidad de Carranco por personal de Carabineros y del Ejército llegado desde Valdivia a la zona, en circunstancias de iguales características que las detenciones anteriores (los uniformados portaban una lista con los detenidos y se movilizaban en los mismos vehículos). Desde ese momento, se le pierde la pista de igual manera que las demás víctimas de este episodio.

Todas las víctimas eran funcionarios o trabajadores del Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli.

En este caso, existe una causa judicial previa sobre los mismos hechos, los que fueron investigados en la causa rol N°25-97 del Cuarto Juzgado Militar de Valdivia, a la que se encontraban acumulados los procesos Rol N°13.990 y N°15.339 del Juzgado de Letras de Panguipulli. Sin embargo, sobre ésta se dictó sobreseimiento definitivo.

Asimismo, existen referencias a un posible destino final de las víctimas, todas vez que diversos testigos, partes policiales e informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación acompañados al proceso como medios de prueba, señalan que las víctimas fueron ejecutadas en el Puente Toltén y sus cuerpos lanzados al río. Incluso algunos testigos afirman que a los 7 u 8 días de acaecidos los hechos, comenzaron a aparecer cuerpos flotando y se vio a Carabineros, con boteros del sector, desenganchando los cuerpos para que siguieran río abajo, así como también se vio que les disparaban para así hacerles perforaciones y que de este modo volvieran a hundirse en las aguas.

Uno de los acusados como autor en este caso fue el Teniente Coronel del Ejército Hugo Alberto Guerra Jorquera. En base a varias presunciones judiciales que constituyen prueba suficiente para acreditar su autoría en los delitos reiterados de secuestro calificado cometidos en las personas de Salvador Álamos Rubilar, José Héctor Bórquez Levicán, Daniel Antonio Castro López, Carlos Alberto Cayumán Cayumán, Mauricio Segundo Curiñanco Reyes, Carlos Figueroa Zapata, Isaías José Fuentealba Calderón, Luis Armando Lagos Torres, Ernesto Juan Reinante Raipán, Modesto Juan Reinante Raipán y de Luis Alfredo Rivera Catricheo, puesto que tuvo «dominio de los hechos» por su jerarquía en la organización, compuesta por militares, carabineros y civiles, destinada a reprimir a los presuntos opositores al gobierno militar, insertos entre quienes trabajaban en el Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli”.

Para tener por acreditada la participación de este acusado el tribunal consideró lo siguientes elementos de prueba: Los propios dichos del acusado en cuanto reconoce haber estado, en la época del inicio de la comisión de los ilícitos, a cargo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, entidad a la cual pertenecían todas las víctimas; reconoce haber trabajado con Carabineros del lugar al señalar «nos indicaban donde estaba la gente que debía ser detenida…» y que permaneció dos o tres días en la Hostería de propiedad de Julián García, inmueble desde el cual, según aseveran los testigos, algunos de ellos oculares, fueron sacados todos los privados de libertad para ser llevados al puente sobre el río Toltén. Asimismo, las Declaraciones de Alfonso Rosas, Roberto del Carmen Romero, Luis Eduardo Arriagada Romero, Adolfo Órdenes Vega y Carlos Efraín Godoy Henríquez, quienes se desempeñaban, en septiembre de 1973 en el retén de Carabineros de Liquiñe, afirmando que en ese tiempo llegó un destacamento de militares de Valdivia, instalando un campamento en la Hostería de las Termas. Dicho grupo tenían contacto directo con el comandante Hugo Guerra, quien entregaba instrucciones al personal del Retén. También el Acta de inspección personal del tribunal de Panguipulli, de 19 de febrero de 1991, donde se consigna que en el Libro de Novedades de la tenencia de Liquiñe, expresa en uno de sus párrafos: «EI día 19 de septiembre de 1973 aparece una constancia de que a las …horas sale en servicio de patrullaje el Comandante Sr. Guerra con personal de Ejército, Aviación y Carabineros para realizar patrullaje aéreo-terrestre a Paimún, Carranco, Chanlil, Liquiñe Alto, Fundo Frontera con el objeto de detectar focos guerrilleros del MIR…”. Por último, el Parte N°883 de 21 de diciembre de 2001 de la Prefectura de Investigaciones de Valdivia, en cuanto informa que se pudo establecer que las detenciones de las personas desaparecidas se habrían originado en Liquiñe y sus alrededores, efectuadas por Carabineros del Retén de Liquiñe junto a personal militar apostado en la zona, al mando del capitán Hugo Guerra.

El segundo acusado como autor de secuestro en esta causa fue el civil Luis Osvaldo García Guzmán, civil. En relación con este acusado el tribunal no identifica en un considerando específico en qué consistió su participación. Sin embargo, en virtud del Parte N°883 de la Prefectura de Investigaciones de Valdivia, medio de prueba aportado al proceso, se pudo establecer que las detenciones de las personas desaparecidas se habrían originado en Liquiñe y sus alrededores, especialmente en los fundos del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli. Luego, las vícitimas habrían sido trasladadas hasta el puente sobre el río Toltén, donde habrían sido ejecutadas y sus restos lanzados a las aguas. Se añade que las detenciones se realizaron por carabineros del Retén de Liquiñe junto a personal militar apostado en la zona, al mando del unifomado Hugo Guerra, todos quienes estaban instalados en las Termas de propiedad de Julián García. En el parte se agrega también que se ha establecido que junto con los militares participó en las detenciones y traslado de los detenidos, Luis García Guzmán, conduciendo un jeep de su padre y sirviendo de «guía» para mostrar los domicilios de los detenidos.

Para tener por acreditada la participación de este acusado el tribunal consideró lo siguientes elementos de prueba: la Declaración de María Hernández Calderón, cónyuge del propio acusado Luis García Guzmán, separados desde 1968. Señala que, al casarse, fueron a vivir a una casa en la propiedad de su suegro, Julián García García, en las Termas de Liquiñe, quien era abiertamente anticomunista y tenía especial amistad con los uniformados de alto rango. Con posterioridad al golpe de Estado, llegaron a instalarse en la Hostería militares al mando del oficial Hugo Guerra, con quien se reunían su suegro y su cónyuge. La deponente señala que, una noche vio sobre la carrocería de dos Jeep de mediano tamaño de los militares gran cantidad de personas, unas seis por vehículo, quienes estaban sentadas, con los ojos vendados y la boca amordazada con una cinta blanca. Su esposo, posteriormente, le contó que viajó en el jeep hasta Villarrica transportando detenidos, donde los militares le ordenaron bajarse y esperarlos en la calle a una cuadra del puente sobre el río Toltén, lugar desde donde escuchó una “balacera”. Finalmente, señala que su cónyuge le relató que los militares le habían dicho que a los detenidos los mataron sobre el puente del río Toltén pegándoles un tiro en la nuca y luego les, abrieron el vientre con los cuchillos «corvos» que usaban, arrojándolos al río para que se hundieran. También la Declaración de Hugo Raúl Figueroa Arriagada, hijo de la víctima Carlos Figueroa Zapata, quien señala que el 10 de octubre de 1973 se encontraba con sus padres y hermanos en su casa y cerca de las 16 hrs vio pasar un Jeep conducido por Luis García Guzmán, acompañado de 3 militares, quienes se dirigían al interior de los Fundos Paimún y Carranco, viéndolos regresar con Luis Rivera y Armando Lagos. Señala que en su colegio se comentó que los militares en los Jeep de Luis García y de Juan Carmach y en la ambulancia del pueblo habían detenido a unas 15 personas. La Declaración policial de Alfonso Rosas, quien presta dos testimonios ante la Comisión de Verdad y Reconciliación, y expone que en septiembre de 1973 se desempeñaba en el retén de Carabineros de Liquiñe y llegó un destacamento de militares de Valdivia, instalando un campamento en la Hostería de las Termas. Supo que en la Hostería de Julián García se confeccionó un listado de personas catalogadas como comunistas o extremistas, participando Julián García y su hijo Luis [desde el punto de vista de la memoria histórica, el testimonio de Alfonso Rosas es de especial relevancia, en el sentido que relata la premeditación en las detenciones de las víctimas]. El Testimonio de Didier Antonio Figueroa Arriagada, hijo de Carlos Figueroa Zapata, quien señala que el 10 de octubre de 1973 estaba a unas cinco cuadras de su casa y vio pasar el Jeep manejado por Luis García y que, más tarde, su hermano Hugo Raúl le contó que a su padre lo acababan de detener unas personas, entre ellas, Luis García. El Testimonio de Sara Amalia Lagos Lagos, hija de Luis Armando Lagos Torres, detenido por Carabineros en octubre de 1973 desde su domicilio ubicado en el Fundo Carranco, en Panguipulli. Señala que el día de la detención ingresaron al domicilio varias personas, entre ellas, Luis García, hijo del dueño de las Termas y los carabineros Rosas y Concha, quienes dijeron que se llevarían a su padre para hacerle algunas preguntas, para luego subirlo a un Jeep conducido por Sixto Figueroa. La Declaración de Raúl Osvaldo Lagos Lagos, hijo de Luis Armando Lagos Torres, quien señala que el día que detuvieron a su padre llegaron a la casa dos vehículos militares y dos de particulares que les ayudaban a los primeros, un jeep rojo manejado por Luis García y otro conducido por Sixto Figueroa. La Declaración de Luis Armando Lagos Lagos, relativa a ser hijo de Luis Armando Lagos y fue testigo, junto con sus hermanos, de su detención, el 10 de octubre de 1973, en su domicilio en el Fundo Carranco. Señala que llegaron dos carabineros preguntando por él y lo introdujeron en un jeep que manejaba Luis García, vestido de militar.

Las pruebas más relevantes consideradas por el tribunal para tener por probados los hechos constitutivos de delito de secuestro en las personas de Salvador Álamos Rubilar, Daniel Antonio Castro López, Mauricio Segundo Curiñanco Reyes e Isaías José Fuentealba Calderón, fueron: el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en su parte referida estas víctimas, donde se señala que fueron detenidos el día 10 de octubre de 1973, en Liquiñe, por personal uniformado y civiles, y llevados hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados. También la Declaración de Salvador Álamos Figueroa, Mirta Álamos Figueroa, Elcira Figueroa Arias, hijos y cónyuge del desaparecido Salvador Álamos Rubilar, respectivamente, quienes se refieren a la detención de su padre el 10 de octubre de 1973 por personal civil y uniformado. También señalan que intentaron dar con el paradero de su padre sin resultados, enterándose con posterioridad que los militares habían detenido a Salvador Álamos junto a otras personas, siendo llevados hasta las Termas de Liquiñe en los vehículos del comerciante Carmach y de García, y que fueron muertos sobre el puente del río Toltén en Villarrica.

Del mismo modo, la Declaración de Alfonso Rosas y Eliseo Vera Troncoso, quienes en septiembre de 1973 se desempeñaban en el retén de Carabineros de Liquiñe, al cual llegó un destacamento de militares de Valdivia que instaló un campamento en la Hostería de las Termas de propiedad de Julián García, y que tenían contacto directo con el comandante Hugo Guerra. El testigo Rosas afirma saber que en dicha Hostería se confeccionó un listado de personas catalogadas como comunistas o extremistas, instancia de la cual participó Julián García y su hijo Luis.

Otro elemento fue el ya citado Testimonio de María Hernández Calderón, cónyuge de Luis García Guzmán, el civil condenado; donde delclara su condición de separada de éste, la amistad de su cónyuge y de su suegro con los militares de alto rango, el abierto anti comunismo de ambos y la manera en que mataron a las víctimas en el puente sobre el río Toltén [ver más atrás prueba para acreditar participación del acusado García Guzmán].

También el Testimonio de Luis Armando Lagos Lagos [hijo de la víctima, Luis Armando Lagos Torres] en donde afirma haber vivido en el Fundo Carranco y que su padre Luis Armando Lagos Torres fue detenido el 10 de octubre de 1973. Días después, por comentarios, supo que éste junto a un grupo de personas detenidas ese mismo día fueron ejecutadas en el puente Toltén y los cuerpos arrojados a sus aguas.

Otro elemento fue Oficio N°770 del Servicio de Registro Civil e Identificación en que se informa que, respecto de Salvador Álamos Rubilar, Mauricio Segundo Curiñanco Reyes e Isaías Fuentealba Calderón no se registran antecedentes de defunción en la respectiva base de datos. También los documentos remitidos por la Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, en que se señala que el 10 de octubre de 1973, entre las 21 hrs. y las 23 hrs, fueron detenidos en Liquiñe, entre otros, Salvador Álamos, Daniel Castro, Mauricio Curiñanco e Isaías Fuentealba, por personal uniformado que portaba una lista con el nombre de los detenidos. Se señala, además, que el personal aprehensor junto a los detenidos tomó el camino a Villarrica y alrededor de las 2.00 hrs. del día 11 de octubre de 1973, en el puente sobre el río Toltén, procedieron a darles muerte y a arrojar sus cuerpos a las aguas.

Otro elemento probatorio fue la inspección ocular practicada por el tribunal en el marco del proceso rol N°25-97 del IV Juzgado Militar. De ella se obtienen los siguientes testimonios: la Declaración de Roberto del Carmen Romero Ramírez, relativa a haber prestado servicios en la Comisaría de Valdivia. Afirma allí que antes de viajar a Liquiñe, el comandante Hugo Guerra les dijo que las cuatro ramas uniformadas se habían unido y que él estaba a cargo de ellos, debiendo “actuar con mano dura» al llegar a Liquiñe. También la Declaración de Carlos Efraín Godoy Henríquez, el cual por esa época se desempeñaba como carabinero en Panguipulli y fue agregado al Retén Liquiñe. Asegura que en esa época se formó un cuartel general en la Hostería de Julián García a cargo del comandante Guerra. Lo mismo el Testimonio de León Eugenio Gómez Araneda sobre lo publicado en la Revista «Vea», relativo a una operación que culminó con la detención y bajada a Villarrica de 18 prisioneros que fueron asesinados en el puente sobre el río Toltén la noche del 10 al 11 de octubre de 1973. Por último, la Declaración de Hugo Jaime Balboa Fica, relativa a haberse encontrado en un hotel “jugando brisca con Salvador Álamos”, una de las víctimas, cuando llegó una hija de éste diciendo que la policía lo andaba buscando y entraron dos militares y se lo llevaron.

Las pruebas más relevantes consideradas por el tribunal para tener por probados los hechos constitutivos de delito de secuestro en las personas de José Héctor Bórquez Levicán, Carlos Alberto Cayumán Cayumán, Ernesto Reinante Raipán y Modesto Juan Reinante Raipán fueron: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en donde se señala que las víctimas fueron detenidas el día 10 de octubre de 1973, en Trafún durante un operativo conjunto de personal uniformado y civiles, y llevadas hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados. Del mismo modo, el Testimonio de Luis Armando Lagos Lagos [hijo de una de las víctimas], relativo a haber vivido en el Fundo Carranco donde fue detenido, el 10 de octubre de 1973, su padre Luis Armando Lagos Torres, quien junto a un grupo de personas detenidas ese mismo día fue ejecutado en el puente Toltén y los cuerpos arrojados al agua. También la Declaración de Alfonso Rosas, quien en septiembre de 1973 se desempeñaba en el retén de Carabineros de Liquiñe, al cual dice llegó un destacamento de militares de Valdivia, instalando un campamento en la Hostería de las Termas de propiedad de Julián García, quienes tenían contacto directo con el comandante Hugo Guerra. El testigo afirma saber que en dicha Hostería se confeccionó un listado de personas catalogadas como comunistas o extremistas, participando de ello Julián García y su hijo Luis.

Por otra parte, en relación a estos mismos secuestros, el Oficio N°770 del Servicio de Registro Civil e Identificación en que se informa, respecto de José Héctor Bórquez Levicán, Carlos Alberto Cayumán Cayumán, Ernesto Reinante Raipán y de Modesto Juan Reinante Raipán que no se registran antecedentes de defunción en la base de datos respectiva. También el Parte N°2292 del Departamento V de Investigaciones, que contiene los dichos de Pedro Guido Mora Mora, quien señala que en 1973 tenía 16 años y vivía en Villarrica. Agrega que un día se encontraba pescando en las orillas del río Toltén, cuando vio pasar dos camiones que se detuvieron sobre el puente, bajaron uniformados y civiles y escuchó gritos de dolor y ráfagas de disparos y se comenzó a arrojar cuerpos al agua, calcula que eran unas 20 personas.  Al día siguiente fue a mirar el puente y vio restos de pelos, sesos, sangre y casquillos de municiones.

Se consideró el Parte N°2204 de Investigaciones que contiene declaraciones extrajudiciales de: Octavio Mela Pardo, quien trabajó encargado de la “parte eléctrica” del Hospital de Villarrica y recuerda que, en fecha que no recuerda con exactitud pero que asegura fue el mes de octubre de 1973, aproximadamente a la medianoche, se escuchó una balacera que, al parecer, provenía del puente sobre el río Toltén. La declaración extrajudicial de Guillermina Reinante Raipán, quien expresa haber denunciado ante la Comisión Verdad y Reconciliación la detención y desaparecimiento de sus hermanos Alberto, Modesto y Ernesto Reinante.

Algunas de las pruebas más relevantes consideradas por el tribunal para tener por probados los hechos constitutivos de delito de secuestro del tercer grupo de personas, Carlos Figueroa Zapata y Luis Alfredo Rivera Catricheo, fue: el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en cuanto expresa que Carlos Figueroa, y Luis Rivera fueron detenidas el día 10 de octubre de 1973 en Paimún durante un operativo conjunto de Carabineros de Liquiñe y personal del Ejército y llevados hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados. Asimismo, el Testimonio de Didier Antonio Figueroa Arriagada, hijo de la víctima  Carlos Figueroa Zapata, quien señala que el 10 de octubre de 1973, estaba a unas cinco cuadras de su casa y vio pasar el jeep manejado por Luis García y que, más tarde, su hermano Hugo Raúl le contó que a su padre lo acababan de detener unas personas, entre ellas, Luis García. Afirma que en el pueblo se decía que a su padre y a otras 14 personas los habían matado en Villarrica y que la lista había sido confeccionada en la Hostería de Liquiñe, de propiedad del padre de Luis García. La Declaración de Alfonso Rosas, quien se desempeñaba en el Retén de Carabineros de Liquiñe. Señala que, en días posteriores al 11 de septiembre de 1973, llegó un contingente militar y un destacamento se instaló en las Termas. El jefe era Hugo Guerra y pasaron a recibir instrucciones de él. Los militares, una vez instalados en la Hostería, confeccionaron un listado de personas, activistas o de partidos políticos.

Del mismo modo, los Documentos remitidos por la Fundación de Archivos de la Vicaría de la Solidaridad, en los que se señala que el 10 de octubre de 1973, entre las 21 hrs. y las 23 hrs. fueron detenidos en Liquiñe, entre otros, Luis Alfredo Rivera Catricheo y Carlos Segundo Figueroa Zapata, por personal uniformado que portaba una lista con el nombre de los detenidos. Se señala, además, que el personal aprehensor junto a los detenidos tomó el camino a Villarrica y alrededor de las 2.00 hrs. del día 11 de octubre de 1973 y que en el puente sobre el río Toltén procedieron a darles muerte y a arrojar sus cuerpos a las aguas. Por último, el Testimonio de Luis Armando Lagos Lagos, relativo a haber vivido en el Fundo Carranco donde fue detenido, el 10 de octubre de 1973, su padre Luis Armando Lagos Torres; el cual junto a un grupo de personas detenidas ese mismo día fue ejecutado en el puente Toltén y los cuerpos arrojados al agua.

Entre las pruebas más relevantes consideradas por el tribunal para tener por probados los hechos constitutivos de delito de secuestro de Luis Armando Lagos Torres, el cuarto evento del episodio de Liquiñe, están: el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que expresa que Luis Armando Lagos Torres, fue detenido efectivamente el día 10 de octubre de 1973 en el sector de Carranco por personal uniformado y civiles. Luego, fue llevado junto a un gran número de personas, hacia el puente Villarrica sobre el río Toltén, donde fueron ejecutados. También se consideró el Testimonio de Sara Amalia Lagos Lagos, hija de Luis Armando Lagos Torres, en donde afirma que a mediados de octubre ingresaron al domicilio varias personas, entre ellas, Luis García, el mencionado hijo del dueño de las Termas y los carabineros Rosas y Concha, diciendo que se llevarían a su padre para hacerle algunas preguntas. No obstante, ése fue el último día que lo vio. La testigo afirma que Luis García, que participó en la detención de su padre, era quien conocía a toda la gente del sector, por ello «las veces que se detuvo a alguien, siempre anduvo en los operativos Luis García”.

En relación a este mismo secuestro, fue elemento de prueba la Querella deducida por Ramona Eliana Lagos Lagos, hija de Luis Armando Lagos Torres, donde se reitera que el citado día llegó Luis García, vistiendo ropa militar, y dos carabineros que esposaron a su padre y se lo llevaron en el jeep que conducía García. Lo mismo el Parte N°2292 del Departamento V de Investigaciones, que contiene los ya citados dichos de Pedro Guido Mora Mora y que afirma haber sido testigo del paso de camiones, los ajusticiamientos de las víctimas (entre ellos Lagos Torres) por parte de uniformados y cómo arrojaron los cuerpos al agua. Por último el Parte N°2204 de Investigaciones en cuanto contiene inspección ocular del tribunal, parte del proceso rol N°25-97 del IV Juzgado Militar al Libro de Novedades del Retén Liquiñe, en que constan las siguientes anotaciones: «Domingo 16 de septiembre de 1973… Fs.248. 21 hrs. Detenido por sospecha Luis Armando Lagos Torres, viudo, 54 años [edad no coincide con la indicada en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación], chileno, obrero, básicos, cédula de identidad N°1.008 del Gabinete de Villarrica, domiciliado en el Fundo Carranco detenido hoy a las 20,00 horas en el Camino Internacional a 6 kilómetros de este Destacamento…”.

La Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia.

La Corte Suprema, en tanto, confirma la sentencia con modificaciones en lo penal: Se introducen cambios en la determinación de las penas al reconocer en favor de ambos acusados, la atenuante de responsabilidad penal denominada media prescripción o prescripción gradual. Del mismo modo, la sentencia fue Revocada en lo civil en aquella parte que aceptó la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el Fisco de Chile respecto de la  demanda civil intentada por parte de las actoras Ramona Lagos Lagos y Marta Castro González; y en su lugar se declara que ésta queda rechazada, procediéndose en consecuencia a acoger la indemnización de perjuicios por ellas solicitada, debiendo el Fisco de Chile pagar a Ramona Lagos Lagos la suma de $70.000.000, y a Marta Castro González la suma de $40.000.000 por concepto de daño moral.

El Teniente Guerra Jorquera fue condenado a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, como autor de los delitos reiterados de secuestro calificado perpetrados a contar del 10 de Octubre de 1973, en las 11 víctimas ya mencionadas.

El civil Luis Osvaldo García Guzmán fue condenado a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de secuestro calificado, perpetrado a contar del 10 de octubre de 1973, en la persona de Luis Armando Lagos Torres.

No obstante, la sentencia de la Corte Suprema introduce modificaciones con respecto a los marcos normativos aplicados en la sentencia de primera instancia al acoger la media prescripción en favor de ambos acusados. Los condenados son beneficiados con la pena sustitutiva de libertad vigilada al cumplir las exigencias de la ley 18.216.