Relato basado en la sentencia de primera instancia dictada por el Ministro de fuero Daniel José Calvo Flores, confirmada con modificaciones por la Corte Suprema en 2007.

Episodio Puente Bulnes I

(Homicidios reiterados en contra de Leonidas Isabel Díaz Díaz, Jaime Max Bastías Martínez, Alfredo Andrés Moreno Mena, Luis Miguel Rodríguez Arancibia, Luis Alberto Verdejo Contreras, Luis Suazo Suazo; y homicidio frustrado en contra de Luis Abraham González Plaza).

Durante la tarde del día 12 de octubre del año 1973, en la comuna de Puente Alto, un grupo de sujetos que se identificaron como funcionarios de Carabineros -y que más tarde se comprobaría que estaban a cargo del carabinero Rubén Osvaldo Barría Igor de la Cuarta Comisaría de Santiago- procedieron a detener a un grupo de jóvenes. A saber, Luis Abraham González Plaza de 19 años de edad, Alfredo Andrés Moreno Mena de 23 años de edad, Luis Miguel Rodríguez Arancibia de 23 años de edad, Luis Alberto Verdejo Contreras de 26 años de edad, Luis Suazo Suazo de 20 años de edad, Jaime Max Bastías Martínez de 17 años de edad y Leonidas Isabel Díaz Díaz de 14 años de edad. No se pudo determinar si dichos sujetos actuaron en o con ocasión de un acto de servicio, en tanto funcionarios de Carabineros. Según la posterior declaración del testigo Luis Bastías Leiva [hermano mayor de una de las víctimas cuya declaración sería considerada más tarde como prueba por el tribunal], la detención se habría producido a las 16.20 hrs., aproximadamente, al interior de la Quinta de Recreo “El Sauce” de esta comuna. Según este testimonio -considerado por el tribunal entre los elementos para tener por probados los hechos- entre los carabineros habría habido uno apodado “el Chino”, que era quien daba las órdenes. Luego de solicitarles a todos su carné de identidad, los detuvieron, incluido el testigo Luis Bastías, sin decir los motivos y los subieron a un jeep que no era de la institución, para conducirlos a la 20ª Comisaría de Puente Alto. No obstante, a él lo dejan en libertad. Estando entonces el resto de estos jóvenes detenidos, fueron llevados a diferentes unidades policiales. En primer lugar, a la 2ª Comisaría de Puente Alto, luego a la 4ª Comisaría de Santiago y, por último, a la Tenencia Rogelio Ugarte. En ninguna de dichas reparticiones se registraron sus ingresos. Tampoco, y menos aún, fueron puestos a disposición de algún Tribunal competente. Más tarde, en horas de la noche y durante la vigencia del toque de queda, condujeron a los mencionados detenidos a un sector de la ribera del Río Mapocho, lugar en el cual, procedieron a dispararles. Producto de esta acción resultaron muertos Andrés Moreno, Luis Rodríguez, Luis Verdejo, Leonidas Díaz, Jaime Bastías y Luis Suazo; siendo el único sobreviviente de esta acción, Luis González Plaza.

El único acusado en este caso fue el entonces Carabinero de la 4ª Comisaría de Santiago, Rubén Osvaldo Barría Igor, en calidad de autor de homicidios calificados reiterados y homicidio calificado frustrado. Para sostener dicha acusación, el tribunal logró establecer que, efectivamente, el día 12 de octubre del año 1973, en horas de la tarde, se produjo la detención ya descrita de los siete jóvenes mencionados, en la comuna de Puente Alto. Que posteriormente, el grupo de detenidos fue llevado a diferentes unidades policiales, y que en ninguna se registraron sus ingresos y que tampoco fueron puestos a disposición de Tribunal competente. Por último, que más tarde, en horas de la noche y durante la vigencia del toque de queda, la dotación de Carabineros a cargo del acusado Rubén Barría condujo a las víctimas a un sector de la ribera del Río Mapocho, en donde les dispararon, con resultado de muerte, a Andrés Moreno, Luis Rodríguez, Luis Verdejo, Leonidas Díaz, Jaime Bastías y Luis Suazo. El único sobreviviente de esta acción fue el joven Luis Abraham González Plaza.

El tribunal consideró varios elementos de prueba para tener los hechos por acreditados, hechos que tuvieron relación con los delitos de sustracción de menores con homicidio, delitos de secuestro con homicidio y delito de secuestro. Uno de estos elementos probatorios fue la querella deducida por los hermanos de algunas de las víctimas. Se trata de la acción legal interpuesta por Ismael Rodríguez Arancibia, Patricio Moreno Mena, Pedro Verdejo Contreras y Luis Germán Bastías Leiva en contra de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte y de aquellos que resulten responsables de los delitos de homicidio calificado cometidos en las personas de Luis Miguel Rodríguez Arancibia, Alfredo Andrés Moreno Mena, Luis Verdejo Contreras y Jaime Max Bastías Leiva.

Del mismo modo, en la información contenida en la causa rol 18.400-2, se lee una segunda querella interpuesta por Rigoberto Enrique Julio Díaz, en este caso por el delito de sustracción de menores con resultado de muerte cometido en la persona de su hermana, Leonidas Isabel Díaz Díaz, quien tenía 14 años de edad al momento de su detención. También en la misma causa, se encuentra la querella deducida por Patricio Moreno Mena, por el delito de homicidio cometido en contra de su hermano Alfredo Andrés Moreno Mena.

Existen también los certificados de defunción de Luis Alberto Verdejo Contreras, Luis Miguel Rodríguez Arancibia, Alfredo Andrés Moreno Mena, Luis Segundo Suazo Suazo, Jaime Max Bastías Leiva y Elizabeth Leonidas Contreras [posible error en el nombre de la víctima, importado en la sentencia debido al error en el certificado de defunción, a fojas 113 y 114 de los mencionados autos de rol 18.400-2]; en todos los cuales se indica como fecha de defunción el día 14 de octubre de 1973. Del mismo modo, constan las copias del informe de autopsia de estas mismas seis víctimas, los cuales expresan que sus muertes fueron, en general, por heridas de bala cráneo encefálicas y/o torácicas.

Por último, existe un antecedente importante en relación al acusado, el carabinero Rubén Barría Igor, y que da cuenta de una sanción previa recibida por él en relación a este caso. Se trata de una copia autorizada de su hoja de vida calificada, la cual se obtiene de la causa rol 18.400-2. Allí, en lo referente a los hechos investigados, se expresa que por aquella época recibió quince días de arresto aplicados por el Sr. Prefecto de la Pref. Stgo Sur, Coronel Sr. Mario López Murillo, “por afectarle responsabilidad en la investigación practicada a raíz de actuación policial anormal por parte de personal de su Unidad, en la localidad de Puente Alto, ya que sus actuaciones fueron llevadas a límites inaceptables…”.

Entre estos elementos probatorios se encuentra la ya citada declaración de Luis Germán Bastías Leiva, hermano del menor Jaime Bastías Leiva. Como ya se relató más atrás, Luis Germán fue detenido junto al grupo de las siete víctimas ése 12 de octubre de 1973 cuando se encontraban en el interior de la Quinta de Recreo “El Sauce”. En su declaración afirma que en ese momento estaba junto a varios amigos entre los que se contaba una niña apodada “La Motita”, así como también con su hermano menor de 16 años, Jaime Max Bastías Leiva. Como ya se ha dicho, llegaron hasta ese lugar cuatro funcionarios de carabineros “con casco y metralletas”. Este testigo afirma haber reconocido a uno apodado “el Chino”, que era el que daba las órdenes a sus colegas. Luego, según relata, les pidieron a todos sus cédulas de identidad, los detuvieron sin decirles el motivo y los subieron a un jeep no institucional, conduciéndolos a la 20ª Comisaría de Puente Alto. Señala además que, después de unos minutos, lo dejaron en libertad. Agrega que al día siguiente empezó a buscar a su hermano, dado que había quedado detenido, encontrándolo más tarde muerto en el Servicio Médico Legal. Allí pudo constatar que su cuerpo y cara presentaban diversas heridas de bala y la masa encefálica estaba destrozada por el efecto de las mismas.

En relación al lugar y las circunstancias de la detención, también hay coincidencias en las versiones de lo sucedido. Ello se puede confirmar en las declaraciones de los testigos Eugenio Escobar Quintana, Celinda Acosta Muñoz y Pedro Emilio Verdejo Contreras, todos quienes se encontraban el día 12 de octubre de 1973 en la citada Quinta de Recreo “El Sauce”. Coinciden todos ellos en señalar que a ese lugar ingresó un grupo de Carabineros fuertemente armados y que se llevaron a varios amigos que allí se encontraban. Los testigos recuerdan que entre los Carabineros aprehensores había uno que apodaban “El Chino”, el cual sería el acusado Rubén Osvaldo Barría.

La identidad del varias veces mencionado funcionario de Carabineros conocido como “El Chino” es posible de ser confirmada a través de la declaración de Ana Luisa Lineros Sepúlveda, también parte del proceso, quien señaló tener una sobrina llamada Ester Soto Lineros, quien “es casada o convivió” con un carabinero llamado Rubén Barría, apodado “El Chino”, el cual era funcionario de la 20ª Comisaría de Puente Alto.

Además, un careo entre los testigos Celinda Acosta Muñoz, Luis Abraham González Plaza, Luis Germán Bastías Leiva, Pedro Emilio Verdejo Contreras, Fernando Valenzuela Romero, Eugenio Escobar Quintana y el acusado Rubén Barría, permitió al tribunal confirmar que los testigos reconocen que el acusado se encontraba en el grupo de Carabineros que llevó a cabo la detención en la Quinta de Recreo “El Sauce” ése día 12 de octubre de 1973.

De particular interés resultó el testimonio del único sobreviviente de la ejecución, Luis Abraham González Plaza, quien señala que el 12 de octubre de 1973, cuando tenía 16 años, mientras se encontraba en el interior de la Quinta de Recreo “El Sauce” de la comuna de Puente Alto fue detenido por cuatro funcionarios de carabineros fuertemente armados, junto a varios amigos que lo acompañaban. Señala, de manera coincidente con otros testimonios, que una vez detenidos, pasaron por distintas unidades policiales. Más tarde, en horas de la noche, fueron llevados hasta la ribera del Río Mapocho donde los hicieron bajar y les gritaron que corrieran, momento en el cual carabineros les comenzó a disparar con ametralladoras. Relata que él cayó al río en una parte que estaba sin agua, con cuatro balazos en diferentes partes de su cuerpo y que dos personas cayeron muertas sobre él y que “ese fue el motivo por el cual sobrevivió, pues cuando los carabineros lo revisaron no se movió en ningún momento, ya que los que lo hacían eran rematados en el acto”. Además, en el caso de este sobreviviente, consta un informe del Servicio Médico Legal que concluye que González Plaza presenta secuelas de osteomielitis escapular derecha operada, cuadro médico que es compatible con el origen en herida por proyectil de arma de fuego. No obstante, “no es posible para los peritos informantes, dado los antecedentes disponibles, precisar la data exacta de las lesiones originales”.

En relación a la valoración -por parte del tribunal- de los elementos probatorios para tener por probada la participación del único acusado en este caso, Rubén Osvaldo Barría Igor, la sentencia da cuenta del reconocimiento que hace Barría Igor en cuanto a haber detenido al mencionado grupo de personas, asunto que además es coherente con la versión que al respecto dieron los varios testigos presenciales (y cuyas declaraciones han sido citadas también en el presente relato). No obstante ello, el acusado argumenta que los jóvenes fueron detenidos por desórdenes y/o ebriedad, explicación que no fue atendida por el tribunal, debido a que “obran en su contra testimonios que desvirtúan esta aseveración, más aún cuando ellas al ser confrontadas en las diligencias de careos, el encartado fue dubitativo para mantenerse sus dichos”. Del mismo modo, cuando Barría Igor niega su responsabilidad en la muerte de los jóvenes aduciendo a que los habría dejado libres, en medio de la noche y durante el toque de queda en las cercanías de la calle Vicuña Mackenna, el tribunal no cree en dicha versión en base a dos consideraciones. En primer lugar, en base a los dichos del propio acusado, “en cuanto reconoce el principio de ejecución del ilícito, aunque de ellos se aprecia que su versión acerca de los mismos han sido ambiguos”. Un ejemplo de dicha ambigüedad  se produce, por ejemplo, cuando en una primera indagatoria Barría niega que entre los detenidos hubieran mujeres (Causa rol Nº 18.400-2), asunto que después reconoce, pero que lo hace indicando la presencia de dos. Como se pudo determinar después, ello tampoco era cierto, ya que en esa oportunidad sólo fue detenida una mujer, la cual era además menor de edad e incluso conocida por el acusado, según se desprende de los dichos de la testigo Celinda Acosta [esta testigo fue parte de un careo en el cual, junto a otros, se reconoce a Barría Igor entre quienes detuvieron a los jóvenes esa tarde del 12 de octubre]. En segundo lugar, el descrédito del tribunal hacia la versión del acusado considera la imputación directa que le hace la única víctima sobreviviente de los hechos, Luis Abraham González Plaza, quien además en una diligencia de careo con el enjuiciado, reconoce a Rubén Barría como la persona que lo detuvo a él y a otros sujetos en Puente Alto y como la misma persona que luego disparó sobre él y sus acompañantes en la ribera del Río Mapocho.

La sentencia de primera instancia fue absolutoria. Allí el tribunal rechazó que los hechos que se investigaron en la causa pudieran ser calificados de delitos de lesa humanidad. Al respecto, ésta señaló: “Que tampoco puede calificarse los delitos perpetrados por Barría Igor como delitos de lesa humanidad, en razón de que, del mérito del proceso, es decir del estudio de sus piezas o probanzas, no surgen antecedente alguno que permitan inferir que el autor de los delitos haya procedido a la detención y posterior traslado de sus víctimas, por orden o instrucción de algún superior y motivado por la filiación política, étnica, racial y/o religiosa de ellos”.

No obstante ello, la sentencia de la Corte de Apelaciones revocó la de primera instancia introduciendo cambios en los tipos penales. Es decir, el tribunal estimó que los hechos investigados no constituían delitos de sustracción de menores con homicidio, secuestro con homicidio y secuestro, sino que éstos debían ser encuadrados en la figura de homicidio calificado consumado para las seis víctimas ejecutadas; así como de homicidio calificado frustrado en relación a la víctima sobreviviente. Del mismo modo, se introducen cambios en la determinación de las penas al negar la prescripción por tratarse, precisamente, de delitos de lesa humanidad. Es decir, revoca el sobreseimiento que había dictado el fallo en primera instancia a favor del acusado. El acusado fue condenado en esta instancia a dieciséis años de presidio.

Finalmente, la Corte Suprema revocó esta última pena. Esta última instancia judicial compartió el razonamiento de la Corte de Apelaciones al estimar que los hechos investigados en la presente causa debían ser encuadrados en la figura de homicidio calificado en grado consumado y frustrado, respecto de las distintas víctimas; así como también el criterio aplicado de estimar que la normativa internacional suscrita por Chile prohíbe aplicar, en relación a delitos de lesa humanidad como éstos, la prescripción. No obstante ello, la Corte Suprema introducen cambios en la determinación de la pena impuesta por el fallo de apelación que hacía aplicables las normas sobre media prescripción o prescripción gradual [ver glosario]. De esta forma, al condenado le fue rebajada su condena.

La Corte Suprema condenó a Rubén Osvaldo Barría Igor a la pena de diez años y un día, por su responsabilidad de autor de los delitos de homicidios calificados reiterados cometidos en las personas de Leonidas Isabel Díaz Díaz, Jaime Max Bastías Martínez, Alfredo Andrés Moreno Mena, Luis Miguel Rodríguez Arancibia, Luis Alberto Verdejo Contreras y Luis Suazo Suazo; y del delito de homicidio calificado, en grado frustrado, en la persona de Luis Abraham González Plaza, el día 12 de octubre de 1973.