Relato basado en la sentencia de primera instancia Juez Cristian Matus, confirmada por la Corte Suprema en 2006.

Juan Iturra Lillo

El día 24 de octubre de 1973, Juan Félix Iturra Lillo, domiciliado en el sector Liucura Alto, comuna de Quillón, fue detenido por una patrulla compuesta por personal de Carabineros a cargo del Jefe de Tenencia de Pemuco, teniente Óscar Orlando Sepúlveda Tapia, único acusado y condenado en esta causa. Si bien, no existe un considerando en particular en el que se expresen los hechos que se tienen por probados respecto a su participación, de la sentencia son posibles desprender varios datos claves: que el mencionado día 24 de octubre de 1973, la víctima, Juan Félix Iturra Lillo, fue privado de libertad, sin orden emanada de autoridad legítima y competente que la justificara. Que los hechos fueron llevados a cabo por una patrulla a cargo del mencionado teniente, “ignorándose desde entonces su paradero y el estado de su salud física y psíquica e integridad personal, sin que haya tomado contacto posterior con sus hijos y familiares, no obstante las gestiones que se realizaron por estos ante los organismos del Estado, sin que haya constancia de su salida o entrada del territorio nacional, ni que conste su defunción” (considerando 8°). A partir de las pruebas testimoniales es posible reconstruir el relato de  un incidente de carácter confuso en el que la víctima, junto a otro prisionero que también había sido detenido por razones políticas, habría intentado fugarse, según declara el acusado Sepúlveda Tapia. Según su versión, este operativo habría concluido efectivamente con dos personas fallecidas cuando eran trasladadas en un vehículo abierto hasta la Tenencia de Pemuco desde General Cruz. Sin embargo, señala Sepúlveda Tapia, “que estas dos personas se fugaron, por lo cual los aprehensores les dispararon, pero no tiene más detalles de aquella fuga pues él conducía la camioneta en la que eran trasladados, deteniéndose en el momento que sintió los disparos. Agrega que dentro de los detenidos de ese día a fines de septiembre había un tal Iturra y presume que fue él quien falleció al darse a la fuga” (considerando 10°).

Por su responsabilidad y participación en los hechos, Óscar Sepúlveda Tapia fue condenado como autor del  delito de secuestro calificado. En el considerando 11º, el Tribunal reconoce su participación en los hechos, pero le atribuye algunas circunstancias que pueden eximirlo o, al menos, atenuar la responsabilidad en este caso, “toda vez que se ha señalado que la víctima Iturra Lillo, fue muerto por funcionarios a su cargo la noche del 24 de octubre de 1973, mientras intentaba fugarse de sus aprehensores”. En este sentido, el condenado señala en su confesión que, efectivamente en octubre de 1973 él era el Jefe de la Tenencia Pemuco y que tenía personal a su cargo perteneciente al Retén General Cruz. Agrega que en septiembre de 1973 el personal de esa Unidad se trasladó a la Tenencia Pemuco, la cual estaba a cargo de las detenciones políticas. Señala además que él recibía órdenes desde Chillán o Yungay, las cuales llegaban sin individualización de personas y que las detenciones estaban dirigidas a quienes alteraban el orden público. En relación a los hechos por los cuales fue procesado, admite haber estado a cargo de la operación, que hubo dos personas fallecidas tras ésta mientras eran trasladadas desde General Cruz hasta la Tenencia de Pemuco, y agrega que: “estas dos personas se fugaron, por lo cual los aprehensores les dispararon, pero no tiene más detalles de aquella fuga pues él conducía la camioneta en la que eran trasladados, deteniéndose en el momento que sintió los disparos.

En relación con la credibilidad del testimonio del acusado, lo cual es evidenciado por el tribunal cuando señala que reconoce su participación en los hechos, pero le atribuye algunas circunstancias que pueden eximirlo o, al menos, atenuar la responsabilidad en los hechos, parece relevante la declaración de Miguel Ángel Duque San Martín (superior jerárquico del acusado que ostentaba el grado de Capitán), quien señala que las órdenes de detención salían de la Comandancia del regimiento en las cuales se individualizaba a los detenidos. Sin embargo, afirma que nunca le dio orden verbal a Sepúlveda Tapia el cual trabajaba en la Tenencia Pemuco para que detuviera subversivos.

Un importante antecedente para que el tribunal tuviera los hechos por acreditados fue la denuncia de Fabián Iturra Lillo, hermano de la víctima, quien con fecha 23 de agosto de 1990 pone en conocimiento de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación la situación sucedida a su hermano Juan Iturra Lillo, “el que fue detenido el día 23 de octubre de 1973 en su casa a donde llegaron más de tres carabineros, lográndose identificar al Teniente Oscar Sepúlveda, carabineros de apellido Parra y San Martín de la Comisaría de Pemuco” (considerando 7°, letra a). Agrega en sus dichos que Sepúlveda Tapia estaba a cargo de las detenciones en Liucura, lugar donde vivía su hermano y que esa noche fueron a la casa de éste y que “lo secuestraron sin motivo más que por su condición política” (considerando 7°, letra r).

La declaración del hermano de la víctima, agrega además información relevante que involucra la participación de otros dos sujetos, ya que, según asegura, el teniente Óscar Sepúlveda Tapia “andaba a lo menos con dos carabineros, uno de apellido Parra y el otro San Martín, quienes lo llevaron pasando por la balsa hacia General Cruz (considerando 7°, letra b)”.

Efectivamente, Valentín del Carmen Parra Vera señala que para el año 1973 y desde 1971 aproximadamente, se desempeñó como funcionario de Carabineros en la Tenencia de Pemuco. Que en el mes de septiembre del año 1973 su superior jefe y a cargo de la Tenencia era el Teniente Óscar Sepúlveda y que “trabajaban con él, siete u ocho funcionarios de mayor grado, quienes acompañaban al Teniente cuando salía de operaciones de servicio rutinario” (considerando 7°, letra g). Lo mismo sucede con Luis Segundo Parra Inostroza, quien afirma que para el año 1973 y con el grado de Cabo Primero perteneció a la dotación de Carabineros, y que para el 11 de septiembre “se encontraba de Guardia en Yungay bajo las órdenes del Teniente Oscar Sepúlveda” (considerando 7°, letra l). Por último, la declaración de José Nova Mella, quien señala que para el 11 de septiembre de 1973 “quien estaba cargo de los procedimientos de detenciones políticas era la Tenencia de Pemuco a cargo del Teniente Oscar Sepúlveda Tapia” (considerando 7°, letra p).

Dado que las circunstancias de la muerte de la víctima son confusas y no hay confesiones de el o los responsables del crimen, el tribunal señala que la muerte de Iturra Lillo no se acreditó en el proceso, pues las declaraciones contenidas en la causa son insuficientes a tal efecto, sin perjuicio de que el cuerpo de la víctima nunca fue encontrado. Incluso, existen testigos que declaran haber visto su cadáver entre la vegetación, bajo el puente Chequén. Aquí resultan significativas varias declaraciones, como la de Bonifacio Valenzuela Esparza, la que también constituyó un elemento de prueba para el tribunal. Afirma este testigo que “después del 11 de septiembre del año 1973 algunas personas le comentaron que a un lado del puente Chequén estaba el cadáver de una persona tirada en la zarzamora al cual solo se le veían los pies, y que transcurridos cuatro días este ya no estaba (considerando 7°, letra f).

También los dichos del hijo de la vícitima, Juan Iturra Pacheco, fueron relevantes como prueba en este proceso. Iturra Pacheco señala que en el mes de octubre de 1973, estando con sus seis hermanos, su tía Carmen Pacheco y su padre en casa, alrededor de las 21.30 hrs llegaron hasta dicho lugar cuatro Carabineros de los cuales uno era Teniente. Que “a golpe de puertas entraron a la casa dando vuelta todo lo que encontraron y preguntándoles a todos si tenían armas u otras cosas relacionadas con política, mientras otros policías rodeaban la casa”. Agrega que al no encontrar nada, le dijeron a su padre que los acompañara sin decir a dónde. Desde ese día nunca más supo de su padre, aun cuando lo buscaron en las cárceles y retenes sin resultado. Por último, “refiere que alrededor de cinco días después que se llevaron a su padre, fue a su casa don Pedro Oñate, actualmente fallecido, quien le señaló que había visto a su padre botado y muerto en el puente `Los Chequenes´” (considerando 7°, letra h). Otro hijo de la víctima, Francisco Javier Iturra Pacheco, también declara ante el tribunal que “un día del mes de octubre de 1973, el cual no recuerda exactamente, entre las 18 y las 19 horas llegaron a su casa cuatro Carabineros, comandados por el Teniente de nombre Oscar Sepúlveda conocido en el sector” (considerando 7°, letra n).

En este sentido, son varias las declaraciones que coinciden en señalar el avistamiento de un cadáver en el mismo lugar; esto es, bajo el puente Chequenes, el cual correspondería presumiblemente al de Juan Iturra Lillo y que estaría desaparecido hasta el día de hoy. Así lo confirma también otro testigo, Víctor Valdebenito Suazo, que para la época tenía 17 años de edad, vivía en el Fundo El Peral de Chequenes (correspondiente a la comuna de Pemuco) y que estudiaba en el Liceo de Pemuco ubicado a 12 kilómetros de su hogar. Por esta razón, según cuenta, debía transitar ese trayecto diariamente en bicicleta o a pie, cruzando necesariamente el puente Chequenes. En el considerando 7° se señala que “un día, poco después del 11 de septiembre de 1973, yendo al colegio al pasar por dicho puente alrededor de las 13:00 horas, vio bajo este en un pasto alto el cadáver de un hombre de unos 40 años de edad, pelo negro, zapatos gruesos y un pantalón color plomo de lanilla gruesa, y que no era una persona conocida para él. Agrega que la noche antes que hiciera el hallazgo del cadáver escuchó disparos al parecer de metralleta automática, lo que le consta porque hizo el servicio militar y conoce los ruidos” (considerando 7°, letra m).

La Corte de Apelaciones confirma la sentencia de primera instancia con declaración, en el sentido de rebajar la pena de diez años y un día a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo. A diferencia del fallo de primera instancia, se reconoce la atenuante del artículo 11 n°9 del Código Penal, esto es, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, toda vez que el acusado reconoció que él dispuso la detención del secuestrado Juan Felix Iturra Lillo cuando concurrió al domicilio de éste en compañía de personal subalterno. Con el reconocimiento de la atenuante en cuestión, el tribunal aplicó la pena inferior en un grado, lo cual permitió al acusado cumplir los requisitos del artículo 15 de la Ley 18.216 y cumplir la pena con el beneficio de la Libertad Vigilada. Sin embargo, ambos recursos deducidos, casación en la forma y en el fondo, son declarados inadmisibles por la Corte Suprema.