Relato basado en la sentencia de primera instancia dictada por el Ministro de Fuero, Jorge Zepeda, confirmada con modificaciones por la Corte Suprema en 2007.

Trabajadores de Textil Sumar.

(Víctimas: Ofelia Rebeca Villarroel Latín, Donato Quispe Choque y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías)

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 la empresa “Manufacturas Textil Sumar”, ubicada en calle Carlos Valdovinos Nº200 (actual comuna de San Joaquín), fue ocupada por agentes del Estado. Es decir, en ese momento, personal militar, quienes asumieron el control de dicha empresa y de sus trabajadores. Alrededor del 17 de septiembre, y en circunstancias que los trabajadores son citados a dicha empresa textil con el fin de pagarles un anticipo de sueldo, el trabajador Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, apodado por sus compañeros de labores como “El Bigote”, es detenido y muerto por el personal militar que ya controlaba la empresa. Su muerte se produce debido a las múltiples heridas de bala disparadas por estos agentes del Estado y, para el tribunal, es ejecutada por éstos con el fin de infundir el miedo entre determinado sector de la población. Días más tarde, el 23 de septiembre, y tras haberse emitido un Bando Militar, los trabajadores se incorporan a la empresa a sus labores habituales. Ese mismo día, éstos son recibidos en el patio de la fábrica y separados en filas, segregando a los pertenecientes a partidos políticos o simpatizantes del régimen recién depuesto. De este modo, y mientras algunos trabajadores son detenidos y enviados al centro de detención del Estadio Nacional, los trabajadores Ofelia Rebeca Villarroel Latín y Donato Quispe Choque, en cambio, son muertos de inmediato por los militares, mediante el empleo de las armas de fuego que portaban. Para el tribunal, ello fue hecho con el objetivo de infundir miedo a parte de la población civil. Posteriormente, los cadáveres de las víctimas fueron ingresados al Servicio Médico Legal, donde sus cuerpos presentaban las heridas a bala que les causaron la muerte.

Alrededor de un mes más tarde, en octubre de 1973, la autoridad militar autoriza al padre de Ofelia Rebeca Villarroel Latín, el señor Santiago Villarroel Cepeda, a exhumar su cuerpo desde el Cementerio General donde había sido sepultada. En esas circunstancias, los familiares que asisten al reconocimiento de su cuerpo pudieron constatar que el cadáver de la víctima había sido sepultado en un mismo ataúd en común con otras dos personas de sexo masculino.

Entre las pruebas de tipo documentales que fueron presentadas con el fin de acreditar el hecho punible, en el proceso consta una copia del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación relativa a este caso. No obstante, no se identifican argumentos en relación con el valor probatorio de dicho informe. Sin embargo, y para efectos de la precisión y mayor abundamiento de información de este relato, vale la pena citar lo que allí se señala, en las páginas 171 y 172, acerca de las víctimas: “Que el 23 de septiembre de 1973 fueron detenidos junto a una veintena de trabajadores, en la empresa textil Sumar: Ofelia Rebeca Villarroel Latín, 29 años, secretaria de la sección Comercio Exterior, encargada del Departamento Femenino del Sindicato de Empleados, militante comunista; Donato Quispe Choque, obrero, de nacionalidad boliviana; y Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, 27 años, obrero de la sección Hilandería, delegado del personal, simpatizante de izquierda.

Un dato interesante de este caso [y que revela el carácter predominantemente político de estos asesinatos en general, y nacionalista de uno de ellos en particular] es el testimonio de Haydee Del Carmen Rodríguez Ovalle, cónyuge de Donato Quispe, de nacionalidad boliviana. Tanto Donato Quispe como Haydee Rodríguez eran ambos trabajadores de Manufacturas «Sumar». El testimonio de la esposa da cuenta de la manera cómo los militares separaron a los trabajadores en dos grupos: los «buenos», que eran todos aquellos que no estaban comprometidos con el depuesto gobierno de izquierda; y los «malos», los que supuestamente eran personas comprometidas con la izquierda. Haydee Rodríguez afirma que su marido jamás estuvo involucrado con algún grupo político de izquierda, a diferencia de las otras dos víctimas de la causa. De esta forma, se presume que la detención y posterior homicidio de Donato Quispe se debió sólo a su nacionalidad de origen.

El único acusado y también condenado en esta causa fue el entonces Subteniente de Carabineros, Hernán Reinaldo Ricardo Ovalle Hidalgo. Hernán Ovalle Hidalgo fue acusado en calidad de cómplice de homicidio. En cuanto a su participación, si bien no se pudo acreditar que él haya dado muerte “en forma personal o directa” a las tres víctimas ya antes mencionadas, el proceso sí pudo establecer que aportó directa y personalmente en la labor de segregar e individualizar a las víctimas, inmediatamente antes de ser asesinadas, “todo ello con el fin de matar e infundir también terror, […] su concurrencia en el delito es la de cómplice de los mismos”.

Como antecedente previo, figura la querella interpuesta por la hermana de la víctima Ofelia Rebeca Villarroel Latín, Adela Rosa Villarroel Latín, en contra de quienes resulten responsables de la muerte de su hermana, mientras la empresa estaba bajo el control de los militares. Asimismo, dentro de los elementos probatorios considerados por el tribunal, tienen importancia dos documentos proveniente del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. El primero es la carta privada, fechada el 15 de octubre de 1973, de Santiago Villarroel Cepeda, padre de Ofelia Villarroel Latín, y dirigida al jefe de la Guarnición Militar de Santiago, 2da. División del Ejército, solicitando la autorización para efectuar la exhumación del cuerpo de su hija, con el fin de sepultarla en un nicho del mismo cementerio, hasta que sea posible trasladarla a su sepultura de familia en el cementerio de Nogales. En este sentido, un segundo documento clave es la respuesta a dicha carta: la autorización fechada en Santiago, el 15 de octubre de 1973, del Capitán, Oficial de Turno Departamento V. CAJSI, Santiago, del Ejército de Chile, en la que se autoriza al señor Santiago Villarroel Cepeda, para efectuar los trámites ante el Servicio Nacional de Salud (Cementerio General) que le permitan “exhumar los restos de Ofelia Rebeca Villarroel Latín, hija legítima, la que se encuentra sepultada bajo el protocolo Nº 2843, sepultura 2719 del patio 29 del Cementerio  General, y trasladarla al cementerio de la localidad de Nogales”.

Otro elemento relevante para el tribunal fue la declaración jurada extrajudicial de Adela Rosa Villarroel Latín, hermana de Ofelia Villarroel, fechada el 28 de mayo de 1991. La hermana de la trabajadora asesinada expresa allí que el día 21 de septiembre de 1973, aproximadamente, recibió un recado telefónico de una mujer que no se identificó, la cual le señaló que su hermana Ofelia Rebeca se encontraba en problemas y que avisara a la familia para que concurrieran a la brevedad a la ciudad de Santiago. Por esta razón, cuenta que el día 23 de septiembre viajó a Santiago junto a su padre para saber lo que ocurría a Ofelia, concurriendo ambos a la empresa Sumar. Una vez en ése lugar, unos militares que se encontraban en la entrada de la industria, les dijeron no saber nada sobre el paradero de Ofelia, por lo que continuaron su búsqueda en el Ministerio de Defensa, en el Estadio Nacional, en el Instituto Médico Legal; todo ello sin resultados positivos. Más tarde, y tras la infructuosa búsqueda, volvieron a presentarse en Sumar, donde fueron recibidos por una funcionaria de esa empresa que les informó que su hermana se encontraba muerta. Tras ello, les entregó algunas pertenencias de su hermana, entre los que estaba su reloj pulsera, un anillo y la fotografía de un hermano de ellas fallecido años antes. Finalmente, señala que, luego de ingresar su padre junto a otra de sus hermanas, Fresia, a conversar con el señor Torres [Pedro León], jefe de la empresa, éste les informó que su hermana Ofelia Rebeca se encontraba muerta y que su cadáver estaba sepultado en el Cementerio General de Santiago, dándoseles inclusive el número de la sepultura en que se encontraba en el Patio Nº 29 de ese cementerio.

Elemento probatorio de cómo murió la trabajadora Ofelia Villarroel Latín es la fotocopia de informe médico legal de su autopsia Nº 2843/73. N.N., el cual concluye que “la causa de la muerte son las heridas a bala céfalo faciales”. Así como también la fotocopia del Certificado Médico de Defunción de Ofelia Rebeca Villarroel Latin, extendido por el doctor Ezequiel Jiménez Ferry y otorgado con fecha 7 de octubre de 1973.

También la declaración de la ya citada hermana de la víctima, Fresia Elena Villarroel Latín, fue un elemento de prueba relevante para el tribunal. Allí, Fresia Villarroel cuenta que su hermana Ofelia entró a trabajar a la “Manufactura de Algodón Sumar” como secretaria del abogado Juvenal Martínez en el año 1963, aproximadamente. Allí, dicho abogado era el encargado de la asesoría jurídica de la empresa. Más tarde, durante el gobierno de Salvador Allende, Ofelia participa activamente en labores políticas y se inscribe en el Partido Comunista, asumiendo funciones de dirigente gremial y representando a las mujeres en la empresa Sumar. Cuenta que tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 la familia perdió contacto con su hermana, por lo que el 21 de septiembre llamó por teléfono a la empresa “Sumar” y pidió hablar con el jefe de Ofelia, Pedro León Torres. Tras contactarlo, él mismo les informó que el día 20 a las 9.00 hrs. aproximadamente, los militares del Ejército y de la Aviación que habían tomado la industria habían detenido a Ofelia y que “no se hiciera muchas ilusiones de que estuviera viva”. El testimonio de la hermana de la víctima se refiere también a las diligencias realizadas para identificar el cuerpo de su hermana, el cual, como ya se relató más atrás, se encontraba dentro de una fosa en el Cementerio Municipal, Patio 29, junto a otros dos cuerpos de sexo masculino.

También en relación a la víctima Ofelia Villarroel, la sentencia consideró las declaraciones de Héctor Manuel Carrasco Torres, Luisa Olivia Montiel Haupt, Adriana del Carmen Rivera Flores, Sonia Hilda de las Mercedes Franco Ramos, Luzmira del Carmen Pizarro Lara, Marco Antonio Alvarado Echeverría, Pedro León Torres Silva, Mario Bartolo Muñoz Camarín y Sergio Jara Vivero; todos funcionarios de la empresa textil “Sumar” en la época en que ocurrieron los hechos. Todos ellos recuerdan a Ofelia Villarroel como una mujer tranquila y trabajadora, así como simpatizante del gobierno de Salvador Allende. Estos testigos recuerdan que, un día, después del 11 de septiembre de 1973, al presentarse a trabajar en la industria Sumar, “ingresaron todos los trabajadores hasta los patios de la empresa, donde había un uniformado sobre una tarima que era asesorado por Sergio Uribe (quien oficiaba como representante de la empresa ante los militares), los cuales tenían una lista con el nombre de los trabajadores de la industria a los cuales iban llamando y separando según su adherencia o simpatía con algún grupo político de izquierda”. Recuerdan también que Ofelia Villarroel quedó en el grupo de los que se consideraban “peligrosos o detractores del régimen” y que dicho grupo seguía detenido al final del día, siendo el último momento en que todos ellos vieron a Ofelia y a otros trabajadores.

En relación a la segunda víctima, Adrián del Carmen Sepúlveda Farías, existen dos documentos que el tribunal consideró como elementos de prueba. Por un lado, la fotocopia de informe del Servicio Médico Legal (respecto del prontuario Nº2839) que certifica su muerte por disparo de bala y que dice: “Nombre: N.N. Adrián del Carmen Sepúlveda Farías; Fecha y hora del accidente 23 de septiembre de 1973, hora 6; Naturaleza del accidente: Herida de bala. Sepultado Cementerio General”. Del mismo modo, el segundo elemento es la fotocopia del certificado médico de su defunción otorgado con fecha 4 de octubre de 1973 por el médico legista señor Alfredo Vargas Kother.

El ya mencionado funcionario de la empresa “Sumar”, Pedro León Torres Silva [jefe de Ofelia Villarroel y quien informó a su familia de la muerte de ésta], señala en una declaración que, además de la muerte de Ofelia Villarroel, se enteró -por comentarios de los trabajadores- de otras muertes que ocurrieron en otras secciones al interior de la empresa. Entre ellas, la muerte de un trabajador al que le decían «el Bigote»; es decir, Adrián Sepúlveda, del cual se decía que “lo asesinaron al interior de la industria a golpes, al igual que el asesinato en ese lugar de un ciudadano boliviano”.

Asimismo, la declaración de otro funcionario de la empresa Textil “Sumar”, Mario Bartolo Muñoz Camarín, constituye un elemento de prueba importante en tanto testimonio de la forma en que fueron muertas las víctimas. Mario Muñoz Camarín recuerda que después del 11 de septiembre se les informó a través de un bando que debían concurrir a la fábrica a “pagarse un suple y un aguinaldo”. Cuenta que, al concurrir a la fábrica, pudo darse cuenta de que estaba tomada por los militares, quienes no les permitieron el acceso. Agrega que en dicha oportunidad ve en la fila a Adrián Sepúlveda, conocido como «El Bigote”, en el momento en que los militares lo sacaban de la fila y lo ingresaban a la fábrica. El testigo y declarante piensa que alguien pudo haberlo delatado por sus convicciones políticas, aun cuando no era un tipo instigador, ni problemático. Más tarde supo por comentarios internos que a este trabajador lo mataron los militares al interior de la fábrica. Señala, además, que en el grupo de personas que quedó detenidas vio a Ofelia Villarroel, quién trabajaba en importaciones, así como a un operario boliviano de apellido Quispe, enterándose más tarde de su muerte por intermedio de su esposa, Haydee Rodríguez, quien logró dar con su cuerpo en el patio 29 del Cementerio General.

Un testimonio muy similar es el de Roberto Gonzalo Araos Almendra, funcionario de la empresa textil “Sumar”, quien señala que un día en el que se pagaban los sueldos y mientras supervisaba el pago, vio que, al interior de la empresa, cerca de la garita de los guardias, unos 6 a 8 militares le estaban “pegando” en el suelo a un hombre que vestía una chomba amarilla. Éste estaba decúbito ventral, con los brazos abiertos. Le comentó dicho suceso a Pedro Sagal [Pedro Sagal Velásauez, jefe de sueldos y jornales en la empresa y participó, según testigos, en la selección del personal que quedaría trabajando y aquellos que serían despedidos y/o detenidos], quien le señala que se trataba de «El Bigote», quién era un militante de un grupo más radicalizado de la izquierda. Recuerda además que, al día siguiente, el 18 de septiembre, alrededor de las 11 hrs., ve que sacan desde el interior de “Sumar” y en un jeep, un saco “papero”. En relación a dicha escena, él le pregunta al teniente Ovalle, el jefe presente de los militares que estaban al interior de la fábrica, de qué se trataba ese saco o qué contenía y éste le responde: “ahí va El Bigote, anoche lo matamos, pero se portó muy valiente, nos sacó la madre y hasta nos escupió”. Finalmente, relata que al insistir en sus preguntas, se entera que eso había ocurrido “al interior, en los lockers de los operarios”.

También en relación a Adrián del Carmen Sepúlveda Farías resultó valioso para el tribunal el testimonio de su hermana, Juana del Carmen Sepúlveda Farías. Ésta relata que su hermano fue conocido por sus compañeros como «El Bigote», pues usaba precisamente un llamativo bigote y que trabajaba en «Sumar”. Afirma que, a través de testimonios, incluido el de la viuda del ejecutado Donato Quispe, doña Haydee Rodríguez y de otras personas, pudo saber que su hermano Adrián Sepúlveda Farías concurrió a la industria el día 17 de septiembre de 1973, atendiendo un llamado que se había efectuado, para pagar a los trabajadores un adelanto de sueldo. Que estando en la fila para cobrar, “una persona -desde el interior de la empresa, pues no les permitieron a los trabajadores el acceso a la misma para efectuar el pago- lo reconoció y denunció a los militares, quienes lo sacaron de la fila, ingresándolo a la fábrica siendo violentamente castigado”.

En relación a la víctima de nacionalidad boliviana, Donato Quispe Choque, existe un informe del Servicio Médico legal, Nº 2842/73, N.N. (m), correspondiente a dicha víctima y datado en la ciudad de Santiago con fecha 15 de noviembre de 1973, el cual concluye que la causa de la muerte es herida de bala cráneo encefálica torácica y tóraco abdominal con salida de proyectiles.

Por otra parte, la declaración de Haydee Del Carmen Rodríguez Ovalle, esposa del trabajador boliviano asesinado, cuenta que, a la época del golpe militar, ella también trabajaba en la empresa de Manufacturas «Sumar», en la planta de algodón. Del mismo modo, su cónyuge, Donato Quispe Choque, de nacionalidad boliviana, trabajaba en la misma planta, en el departamento de hilandería. Relata que el día 20 de septiembre se presentaron ambos en la empresa «Sumar», percatándose de que estaba todo el personal en la calle, esperando que los militares que estaban a cargo de la empresa los hicieran pasar. Cuando ingresaron a la fábrica, los fueron separando según una lista que poseía un militar, en dos grupos: los «buenos» que eran todos aquellos que no estaban comprometidos con el depuesto gobierno de izquierda y los «malos», que supuestamente eran personas comprometidas con la izquierda. Señala que en ese último grupo quedó su marido, a quien “no le conoció jamás ni le escuchó siquiera una opinión política, menos de compromiso con algún partido político”. Luego de esta separación, sostiene, los hacen integrarse a sus labores, permaneciendo en ese lugar el grupo de detenidos. Dice que ésta fue la última vez que vio a su marido, y que, finalmente, después de buscarlo por muchos recintos de detención, en el mes de noviembre de 1973, pudo saber que su marido habla sido muerto, pues su hermano concurrió al Servicio Médico Legal, acompañado de un sacerdote para hacer las averiguaciones, comprobando que efectivamente se registraba su ingreso y que había sido sepultado en el Patio 29. Agrega, por último, que los restos de su cónyuge fueron sometidos a diversos peritajes, entre ello a análisis odontológicos y estudios comparativos del mismo tipo con su hijo, confirmándose que se trataba de las osamentas de su marido Donato Quispe.

Entre los elementos más relevantes para que el tribunal determinara tener por probada la participación del único acusado en este caso, Hernán Reynaldo Ricardo Ovalle Hidalgo, está la presunción que proviene de los dichos de Héctor Manuel  Carrasco Torres, quien señala que, al ingresar a los patios de la empresa “Sumar”, había un uniformado sobre una escalera, siendo asesorado por don Sergio Uribe, que oficiaba como representante de la empresa ante los militares. Uribe tenía una lista con el nombre de los trabajadores, por medio de la cual se iban nombrando a cada uno de ellos y de esa forma se les iba separando según si pertenecían a algún grupo político de izquierda. Señala haber visto a Mariana Darrigrandi y a Ofelia Villarroel en el grupo que quedó detenido. Del mismo modo, la presunción que surge de los dichos de la testigo directa, Adriana del Carmen Rivera Flores, quien manifiesta que después del 18 de septiembre de 1973 al concurrir a la industria Sumar para reintegrarse a sus labores, fueron reunidos todos los trabajadores en un patio de la empresa, comprobando que “sobre una escalera se encontraba un oficial de Ejército, el que portaba un megáfono y una lista, acompañado por don Sergio Uribe, quienes iban llamando por sus nombres a los trabajadores y al ser ellos separados en dos filas, según si eran o no simpatizantes de la Unidad Popular, los que se notaba quedaban detenidos”. Sostiene que, en un momento determinado, se acercaron algunas de dichas personas hasta las ventanas de las oficinas para entregar sus pertenencias y hacérselas llegar a sus familiares, y recuerda que Ofelia Villarroel, quien se encontraba entre ellas, entregó las cosas que portaba a la señora Luzmira, su jefa.

Lo mismo sucede con la presunción que emana de las declaraciones de Sonia Hilda de las Mercedes Franco Ramos, quien relata los mismos hechos, así como la participación del teniente Ovalle, “quien le parece era el que segregaba a los trabajadores, llamándolos por medio de la lista que mantenía en sus manos”.

También con la presunción que surge del atestado de Marco Antonio Alvarado Echeverría sucede lo mismo, también empleado para entonces de “Sumar”, quien declara que, después del 11 de septiembre de 1973 se designó como interventor al general Hepp Dubiau, y al mayor González, a cargo de la gerencia. Recuerda que, dentro de la fábrica, quien tenía mando sobre los militares, era el teniente Ovalle, persona de la cual no tiene ningún recuerdo físico, debido a su escaso contacto con ellos.

La presunción proveniente de los dichos de Mario Bartolo Muñoz Camarín, funcionario de “Sumar”, va también en la misma dirección. Muñoz Camarín señala que el día que los militares llegaron a la empresa, era Pedro Diet [Mayor de Ejército que cumplía funciones administrativas en la empresa una vez que fue tomada por los militares. Era Jefe de Personal] quien iba despidiendo trabajadores o recomendando su detención, la cual estaba a cargo del teniente Ovalle, para luego ser entregados a alguna unidad policial. Sostiene además en su declaración que todos estos abusos eran por razones políticas y por el «soplonaje» interno que se vivía en esos tiempos en la empresa. Sostiene que el teniente Ovalle era una persona bastante prepotente, el cual siempre daba órdenes a través de un megáfono y decía a los trabajadores que se ordenaran, que se pusieran derechos, ya que «estaba acostumbrado a matar gatos» y efectuaba disparos al aire.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirma la sentencia con modificaciones, ya que se introducen cambios, al negar la procedencia de la denominada “media prescripción” [ver glosario] en favor del acusado, lo cual determina un aumento de la pena en relación al fallo de primera instancia. El mismo criterio es mantenido por la Corte Suprema. En esta última sentencia, sin embargo, se deja constancia del voto de minoría del Ministro Segura, quien argumenta que no se encuentra suficientemente justificada la participación del acusado.

Finalmente, Hernán Reinaldo Ricardo Ovalle Hidalgo fue condenado a la pena única de doce años de presidio, como cómplice de los delitos de homicidio calificado perpetrados en las personas de Ofelia Rebeca Villarroel Latín, Donato Quispe Choque y Adrián del Carmen Sepúlveda Arias.

Resulta de especial interés el párrafo donde el tribunal explicita que los hechos investigados en esta causa constituyen crímenes de lesa humanidad [muchas sentencias no refieren nada al respecto). En el considerando 4° de la sentencia se expresa: “Que, asimismo, tal como este juez ha razonado en sentencias anteriores (…) los delitos referidos, de acuerdo a la situación de hecho o contexto en que  éstos se dieron, esto es, mediante un ataque planificado y sistemático de agentes del Estado para causar miedo o terror en contra de un grupo de la población civil, por medio del cual se causa la muerte de las víctimas, precisamente pertenecientes a ese grupo de dicha población civil, determina que se está en estos casos en presencia de crímenes de lesa humanidad”.